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A pesar de un crecimiento económico sólido, España tiene dificultades para cubrir miles de puestos en la construcción, la logística y la ayuda a la persona. El Servicio Público de Empleo (SEPE) calcula en 200 000 el número de vacantes en los primeros seis meses de 2024, lo que supone un 12 % más que en 2023. Esta situación, que frena el desarrollo de sectores esenciales, subraya la necesidad de recurrir a mano de obra extranjera contratada legalmente.
En la construcción, la actividad reanudada desde 2021 se ve lastrada por la falta de personal especializado. La Confederación Nacional de la Construcción estima que se necesitan 60 000 trabajadores adicionales, entre obreros y jefes de obra. La logística también está sometida a una gran presión: el crecimiento del comercio en línea exige más conductores y operarios de almacén, mientras un 15 % de los camiones permanece inactivo por la falta de chóferes. Esta problemática va más allá de la simple entrega de paquetes, ya que también afecta a la circulación de mercancías esenciales para la industria y la gran distribución.
El envejecimiento de la población incrementa además la demanda de ayuda a la persona. Sean auxiliares de enfermería, enfermeros o asistentes domiciliarios, las candidaturas locales resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades. La inmigración legal aporta aquí una respuesta concreta, al permitir reclutar perfiles cualificados o formados in situ, capaces de integrarse rápidamente en el sistema de salud. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Salud, el número de puestos vacantes en este ámbito habría aumentado más de un 20 % desde 2022.
Las empresas que contratan fuera del territorio español proponen fórmulas atractivas: contratos oficiales, protección social y dispositivos de formación. Los trabajadores extranjeros disfrutan así de derechos idénticos a los de los asalariados nacionales, especialmente en materia de remuneración y prestaciones sociales. En el primer semestre de 2024, la proporción de mano de obra extranjera en la Seguridad Social alcanzó el 13 %, una cifra récord que refleja el interés mutuo entre empleadores y trabajadores inmigrantes. Los responsables del SEPE afirman que esta contratación selectiva permite estabilizar la producción y evitar cuellos de botella en determinados sectores.
Esta paradoja de una economía boyante frenada por la falta de profesionales pone de relieve la importancia de una política migratoria adecuada. La inmigración legal se revela la herramienta más eficaz para paliar la escasez de competencias, ofreciendo al mismo tiempo a los candidatos un marco estable y propicio a su desarrollo profesional. En un país claramente orientado hacia el crecimiento, se trata de una solución ampliamente respaldada por los actores del mercado laboral. Más allá del factor coyuntural, este planteamiento contribuye también a renovar los saberes, diversificar las competencias y dinamizar la innovación a largo plazo.